A través de la Resolución 42/2026 del Consejo Directivo del INTI, se dispone la cesación inmediata de más de 900 servicios técnicos sistematizados que el instituto venía ofreciendo, argumentando que dichas prestaciones no tienen demanda efectiva o ya cuentan con oferta privada, lo que según el gobierno genera un uso ineficiente de recursos estatales y distorsiones en el mercado. 

La resolución establece que los contratos vigentes se respetarán hasta su finalización y ordena un plan de transición para preservar registros técnicos, pero a partir de su publicación el Estado deja de controlar áreas críticas del sector textil, entre ellas: análisis de parámetros de algodón, longitud y finura de fibras, metraje y torsión de hilados, resistencia a la tracción, abrasión, pilling y estabilidad dimensional de tejidos, solidez del color, propagación limitada de llama, repelencia al alcohol y resistencia al calor convectivo y radiante en tejidos para indumentaria de protección. 

También se suspenden los controles sobre cierres, talles y medidas de prendas, marcado y etiquetado, composición de materiales textiles, tipo de teñido, contenido de humedad, análisis por FTIR, caracterización completa de fibras e hilados, así como ensayos específicos para alfombras y para barbijos o tejidos componentes (respirabilidad).